Abusó de una niña de ocho años e intentó matarla tirándola a una fosa séptica.

Su confesión le valió que el tribunal le impusiera la pena menor de 15 años por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. La Fiscalía aceptó la solicitud de la Defensa.

Última actualización: 16 DE DICIEMBRE DE 2013 06:04 | por Carmen Rodríguez
Emetelio de Jesús Echeverría, de 42 años, confesó ante el juez haber metido a una niña de ocho años en una fosa séptica de su vivienda luego que abusó de ella, para evitar que los familiares de la niña la encontraran en su casa.

“No la golpeé, solo la toqué y como andaba medio borracho se me ocurrió meterla en la fosa porque ya la andaban buscando y como está pequeña bien cabía en la taza del baño, le doblé el cuerpecito y la metí para que no la encontraran” admitió.

Su confesión le valió que el tribunal le impusiera la pena menor de 15 años por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, luego que la Fiscalía aceptara la solicitud de la defensa del imputado.

Michelle (nombre ficticio de la niña) salió de su casa el 10 de febrero poco antes de la hora de almuerzo. S madre le pidió que fuera a comprar un consomé de pollo para terminar de preparar el almuerzo.

Dos casas antes de llegar a la tienda, estaba ubicada la champa de lámina donde vivía Emetelio, y ese día el hombre estaba afuera justo cuando Michelle pasó por ahí.

Según el expediente judicial, cuando la niña se acercó a él éste la tomó del brazo y la cargó. La niña intentó luchar para soltarse pero no pudo. El sujeto la metió rápidamente a su champa.

En todo su relato ante el tribunal la niña recordó todo lo que había sucedido: el hombre la tiró a una cama sucia, y en el forcejeo para quitarle la ropa la niña perdió sus lentes.

Mientras abusaba de ella el hombre le tapó la boca para evitar que gritara. “También me puyaba los ojos con sus dedos, me dolía y yo gritaba pero no me dejaba…” dijo la niña. El hombre le puyó ambos ojos para evitar que la niña se defendiera.

Mientras esto sucedía en la champa, en la casa de Michelle su tardanza despertó preocupación entre su familia. Su hermana mayor fue a buscarla a la tienda. Los vecinos le dijeron que habían escuchado unos gritos pero pensaron que eran los niños de los vecinos jugando.

La explicación no dejó tranquila a la hermana de Michelle y ante las sospechas hacia Emetelio decidió entrar a la champa con cuidado de no ser vista. Al entrar escuchó a su hermana pequeña gritar y sin dudar fue por su mamá y su tío.

La familia de Michelle corrió y cuando se aproximaron a la champa empezaron a gritar. Emetelio escuchó la conmoción. Levantó a la niña de la cama y se la llevó hacía la parte trasera de su champa. La niña recuerda haber visto el baño y empezó a gritarle a su mamá.

“Le doblé el cuerpecito y la metí a la taza para que no la encontraran… todo lo que dicen que pasó es cierto”, dijo el hombre al ser cuestionado por la jueza sobre su responsabilidad. Luego Emetelio escapó de la casa.

La madre de la niña dijo que en su desesperación no podía distinguir bien de dónde venían los gritos de su hija. Corrieron por todo el terreno pero no ubicaban de dónde venían los gritos. Cuando los vecinos vieron al sujeto que intentaba escapar llamaron a la policía.

“Mamita, mamita, estoy aquí en el baño! Apurate mamita sacame que me van a comer los gusanos…” gritaba Michelle asustada.

Entre la familia de la niña y los vecinos juntaron un lazo y lograron sacarla de la fosa y la llevaron a la casa para asearla. Cuando la policía llegó llevaron a la pequeña Michelle a la unidad de salud de la zona.

La acusación

Michelle recibió atención médica y la policía la asesoró para presentar la acusación en contra de Emetelio, que fue capturado por los vecinos quienes lo amarraron para evitar que se escapara nuevamente.

El sujeto fue llevado a las bartolinas de la policía y luego fue presentado ante el tribunal de Cabañas para ser acusado por los delitos de agresiones sexuales e intento de feminicidio agravado.

Los resultados de los análisis médicos practicados a la pequeña Michelle no fueron alentadores. La exposición y el contacto con las heces durante el tiempo que estuvo en la fosa séptica causaron un daño a sus ojos, al punto que estuvo a punto de perder la visión en el ojo izquierdo.

La niña tenía laceraciones en la espalda, los glúteos y las piernas, además escoriaciones y moretones en todo el cuerpo. Según el informe de Medicina Legal, también tenía una mordida causada por el sujeto.

Michelle presentó desgarres y además fue intervenida para
evitar que perdiera por completo la vista.

Hasta este momento la menor continúa bajo tratamiento psicológico, médico y los doctores le informaron a la madre que será necesario someter a la niña a otra operación en el ojo izquierdo para tratar de reparar el daño sufrido.

En el juicio en su contra, Emetelio reiteró que todo lo que la niña dijo era cierto, pero negó haberla golpeado y puyado los ojos. En su defensa dijo “que como estaba algo borracho no recordaba muy bien lo que había sucedido”.

Antes de iniciar el juicio la abogada defensora del sujeto solicitó a la jueza que se abreviase el proceso. La ley permite esta acción siempre y cuando el imputado confiese que es responsable y además la parte acusadora debe estar de acuerdo.

Fiscalía y Defensa acordaron sumar los delitos iniciales por lo que Emetelio fue condenado únicamente por el delito mayor de feminicidio agravado en grado de tentativa.

“Yo lo único que quiero es que se haga justicia y si consideran que darle 15 años de cárcel al señor es lo justo estoy de acuerdo, porque ya no quiero que mi niña siga expuesta a todo esto, quiero que se recupere y espero en Dios que no pierda su ojito”, dijo la madre de Michelle a la jueza.

El viernes pasado Emetelio de Jesús Echeverría fue condenado a la pena menor de 15 por haber intentado asesinar a Michelle luego de abusar de ella, además el hombre deberá pagar a la familia una causal de $2 mil para sufragar los daños causados a la pequeña.

Condenan a 20 años de prisión a sujeto por violación de una niña de 13 años

 

Adriana Bichara; diciembre,16 2013
 
agresion sexual 3La Libertad. La Unidad de Delitos contra el Menor y la Mujer de la sede fiscal de Santa Tecla, logro que se le decretara una sentencia condenatoria de 20 años de cárcel y al pago de $1,600 de responsabilidad civil, para José Ángel Lazo, por el delito de Violación en Menor o Incapaz Continuada, en perjuicio de una menor de 13 años de edad, explicó la fiscal del caso Licda. Iris Ramírez.
El hecho ocurrió de forma continuada en la casa de la menor ubicada en el cantón Santa Rosa, se realizó entre los años 2010 y 2011; la víctima manifiesta que el imputado era una persona de confianza de la familia, ya que trabajaba con su padre desde hacía varios años.
En el 2010, cuando la menor tenía 13 años de edad, él imputado coqueteaba con ella, agarrándole la mano, la besaba, y realizaba tocamientos en diversas partes de su cuerpo. Él le decía que la amaba y que quería estar a solas con ella, entendiendo la víctima, que él quería tener relaciones sexuales.
La menor le respondía que no quería nada con él porque era un hombre mayor, todo esto sucedía siempre que sus padres y hermanos no se encontraban en la casa, como el imputado era de confianza podía acceder a toda la casa y cuando lo encontraban ahí no había ningún problema.
En el mes de octubre del 2010, estando la menor con el imputado en la sala de la casa viendo televisión, este intento abusar sexualmente de la menor por primera vez,  pero ella logro  soltarse  antes de que cumpliera su cometido y salió corriendo.
En otra ocasión, la menor salió a las 10:30 de la noche al servicio sanitario cuando observó al imputado y comenzó a acariciarla, besarla y ella se dejó llevar, quedando desnuda; el imputado la recostó en el suelo y abuso de ella. Después de esa ocasión, tuvieron relaciones sexuales en 13 ocasiones desde octubre de 2010 hasta julio de 2011.
La menor manifiesta que en agosto del 2010, su papá corrió de la casa a él imputado porque sospechaba que dicho sujeto tenía malicia con su madre. Pero la menor, siempre se reunía con el agresor para tener relaciones sexuales, hasta que le comentó que se le había retrasado la menstruación, sorprendiéndose el imputado.
Luego le dijo que se iban a empezar a cuidar, la próxima vez que se reunieron para tener relaciones sexuales, él imputado abuso de ella de manera anal,  insinuándole  que de esa manera no iba a salir embarazada; para lo cual el agresor le llevaba la cuenta de las menstruaciones para que no hubiera riesgo de embarazo.
Fue en junio del 2011, cuando ella  quedo embarazada y el imputado le dijo que abortara, llevándole anti conceptivas y unas aguas amargas, haciéndole caso. Pero después le dijo que no iba a impedir que naciera el bebé; diciéndole esto la menor, el imputado le dijo entonces  que dijera que el padre era otro, porque él no quería ir a la cárcel y fue la última vez que hablo con José Ángel Lazo.
La menor después de eso, prefirió quedarse callada por temor. Sin embargo, una semana antes de interponer la denuncia la madre dijo que había escuchado cosas en la colonia y que le había notado el estómago grande. Contándole la víctima lo sucedido a la madre e interpusieron la denuncia.
La Vista Pública se realizó en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, decretándole 20 años de prisión a José Ángel Lazo y el pago de $1,600 de responsabilidad civil, por el delito de Violación en Menor o Incapaz Continuada, en perjuicio de una menor de 13 años de edad.

Estado no respeta derechos de personas con discapacidad.

PDDH, el Centro de Rehabilitación de Ciegos y la Secretaría de Juventud han despedido a tres personas con discapacidad. El Estado no tiene un censo confiable de personas con discapacidad, tal como lo señaló el relator especial sobre discapacidad de la ONU, Shybe Chalklen




Textos y fotos: Jorge Beltrán Luna Twitter: @Beltranlunaj Sábado, 14 de Diciembre de 2013

Estado salvadoreño viola los derechos de las personas con discapacidad. A esa conclusión llegan representantes de asociaciones de personas con discapacidad al conocer el caso de Alexander Kellman Rodríguez, un abogado con discapacidad visual. Hasta enero de este año, él era el jefe de la Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), puesto que ganó en un concurso, pero fue despedido.
Tras dos años al frente de la referida oficina, lo hicieron firmar un contrato por solo un mes y luego lo echaron. La persona que sustituyó a Kellman Rodríguez y a otras dos que forman la oficina, no tienen ninguna discapacidad.
Como si eso no fuera suficiente, la misma PDDH tiene solamente empleadas a cuatro personas con discapacidad entre los 443 empleados que forman su planilla. Esto contradice lo que manda el artículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad. Según este artículo, tanto la empresa privada como las instituciones gubernamentales deben emplear a por lo menos una persona con discapacidad por cada 25 contratadas. La PDDH, que debería dar "el ejemplo", no cumple ni con la tercera parte.
Pero esas solo son dos muestras de cómo ni el mismo Estado cumple lo que manda la Convención de las Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad de la cual es firmante, aunque con reservas.
No obstante, en su discurso del pasado 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el actual procurador de Derechos Humanos, David Morales, hizo un llamado al Estado y a las instituciones a sumarse a los esfuerzos en favor de los derechos de las personas con discapacidad y a adoptar políticas integrales de inclusión para ese sector poblacional.
No obstante esa petición, la misma PDDH no ha sido clara en las circunstancias bajo las cuales despidió a Kellman Rodríguez. Incluso la misma Comisión Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad (Conaipd) no tiene claro qué pasó con él. Según su directora, Lourdes Barrera de Morales, oficialmente la PDDH no ha informado sobre ese caso. Y debería haberlo hecho, a pesar de que ya han transcurrido 10 meses.
De acuerdo con Kellman Rodríguez, su despido pudo deberse a que siempre se fijó como meta trabajar en favor de las personas con discapacidad, lo cual implicó incluso criticar a la misma PDDH por lo inaccesible que es el edificio donde funciona, a tal punto que ni siquiera los baños son adecuados para personas con discapacidad física.
Kellman Rodríguez comenzó a exigir que se contrataran a tiempo completo traductores de lenguaje de señas para que las personas sordas pudieran ser asistidas al momento de poner sus denuncias o en los tribunales de justicia.
Además, criticó que en la PDDH se compraran vehículos o computadoras, pero a 20 años de existencia de esa institución, no hay ninguna impresora braille para que las personas ciegas pueda obtener una copia de sus denuncias y saber qué realmente es lo que están firmando.
La falta de interpretes de señas e impresoras braille, cuyo costo podría rondar los seis mil dólares, según Kellman Rodríguez, podría ser uno de los factores por los que pocas personas con discapacidad acuden a la PDDH para denunciar las violaciones a sus derechos.
Para Nelson Barahona, tesorero de la Asociación Nacional de Ciegos de El Salvador (Anciesal), lo que la PDDH hizo con Kellman Rodríguez es el colmo de los colmos; pues lo despidieron, le quitaron el trabajo a una persona con discapacidad, para dárselo a otra que no tiene ninguna discapacidad.
Barahona asegura que Anciesal mandó una carta a la PDDH en la que expresaba su desacuerdo con el despido, además pedían una explicación sobre lo ocurrido. Hasta la semana anterior, no habían recibido una respuesta oficial.
Por su parte, Julio Canizález, de la Asociación de Ciegos de El Salvador (Asces) y director de la Casa de la Cultura del Ciego, asegura que en El Salvador, defender los derechos de las personas con discapacidad es muy complicado, porque ni el Estado mismo cumple con la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés) firmada en 2007.
Canizález asegura que el Estado salvadoreño y la sociedad en general parecen desconocer lo que significa para una persona con discapacidad que haya o no accesibilidad. Además afirman que instituciones como el Conaipd "no tienen el presupuesto adecuado" para vigilar o diseñar políticas en beneficio de las personas con discapacidad.
Para Canizález, quien también es vicepresidente de la Unión Latinoamericana de Ciegos (Ulac), es la falta de voluntad política la que impide que se asigne el presupuesto necesario para instituciones y organizaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad para que tengan acceso a educación, salud y empleo, pero también hace falta conciencia en los funcionarios públicos de que las personas con discapacidad no son incapaces.
Tener una discapacidad no es sinónimo de incapacidad, afirma Canizález, quien lamenta que el Estado mismo viole los derechos de personas como Kellman Rodríguez o Walter Portillo, quien en octubre de 2012 fue sustituido de la dirección del Centro de Rehabilitación de Ciegos, Eugenia de Dueñas, por supuesta orden de las autoridades del Instituto de Rehabilitación Integral (ISRI) quienes pusieron en su lugar a una persona sin discapacidad.
Las personas con discapacidad tienen un lema: "Nada por nosotros sin nosotros". Pero es evidente que en el caso de la PDDH y el Centro de Rehabilitación de Ciegos, el Estado no solamente ha hecho caso omiso de eso, sino que también ha violado los derechos de estos ciudadanos.